Comunicado de Prensa / Convocatoria
Se agradece su difusión
Domingo 22/5/2011
Trae tu reclamo, tu carpa y tu bandera
18 DIAS de ACAMPE y RADIO ABIERTA por tiempo indeterminado frente al IVC
1 millón 200 mil familias necesitan una vivienda
Por un Plan de Viviendas Populares: Que los Gobiernos de la Nación y Ciudad Construyan, como prometieron al desalojar el Indoamericano en diciembre de 2010. Basta de Desalojos, suspensión inmediata de los mismos. Por una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real.
Convocamos al acampe a todas las organizaciones para enriquecer las demandas a plantear.
Nos reunimos en asamblea de lunes a viernes a las 19 horas y los sábados a las 13:30 horas en el acampe.
Para Adherir y/o Convocar: movimientoporviviendapopular@yahoo.com.ar
Para contactarnos: Sergio 15-5771-3018 / Cesar 15-6321-9797 / Mingo 15-5497-0232 / Rafa 15-5183-0629 / Laura 15-6360-8244 / Alejandra 15-5717-7270
LA VIVIENDA ES UN DERECHO
El boom inmobiliario construye torres inalcanzables para los trabajadores, y encarece la tierra convirtiendo a los barrios obreros -que son los que en definitiva generan riqueza- en vidrieras turísticas. La emergencia habitacional involucra de más de un millón de personas -entre habitantes de villas, asentamientos, hoteles, conventillos, inquilinatos y casas tomadas-, sin incluir a los miles de inquilinos que todavía pueden acceder a un alquiler formal. Sin embargo, los gobiernos no solucionan, ni reconocen esta realidad. La única política oficial tiene como finalidad la expulsión de los trabajadores y los sectores humildes de la ciudad.
Hoy el tobogán social arrastra a las familias desde el alquiler de un departamento, a una pieza de hotel, a una villa, hasta culminar en la calle; producto de la inflación que modifica los alquileres, la ambición inmobiliaria dolarizada, y las condiciones exigidas imposibles de cumplir.
De cara a esto, el gobierno pone todas las trabas necesarias cuando tiene que urbanizar las villas, legislar sobre las viviendas ociosas, concretar créditos hipotecarios accesibles, construir viviendas sociales disponiendo de los terrenos propios, y no, saliendo a rematarlos o regalarlos como hace actualmente el Instituto de Vivienda de la Ciudad, con el silencio cómplice de la Legislatura, la cual aprueba presupuestos que el gobierno sub ejecuta impunemente en áreas sociales mientras que sobre ejecuta en áreas represivas, subsidia a la educación privada, otorga favores a empresas amigas y/o familiares y trata de privatizar la salud así como a la cultura. O sea, Legislatura que termina siendo funcional a los fines del gobierno absteniéndose al momento de ejecutar sus votos luego de pronunciarse en sus discursos electoralistas como opositores.
Este accionar del Estado es una constante histórica, hace más de un siglo fue la huelga de inquilinos; en diciembre del 2010 fue la toma del Parque Indoamericano. Siempre los gobiernos evaden su responsabilidad, acusando a la inmigración o a la ineficiencia de otros gobiernos. Y atacan las formas organizativas de los sin techo a través de las amenazas de expulsión del sistema, el aumento continuo de los desalojos, y la represión directa de la UCEP ayer; y hoy por fuerzas mafiosas cuyo uso “alquila” el propio Estado -léase barras bravas, patotas sindicales, anque “uniformados” sin uniformes- para concretar un desalojo ilegítimo, para justificar una masacre, para explicitar que no nos merecemos una vivienda digna.
Precariedad habitacional
Las condiciones habitacionales de barrios como La Boca, Barracas, Constitución y gran parte del sur, responden a una sistemática política de expulsión fijada por el gobierno y que el poder judicial acata y acompaña. En la ciudad de Buenos Aires son desalojadas unas 15 mil familias por año, en promedio tres desalojos diarios. El avance de los desalojos en la ciudad es en sí la política habitacional de la gestión macrista.
Para muchas familias que no pueden acceder al mercado formal de los alquileres, la alternativa ha sido el inquilinato de piezas en hoteles o pensiones en las que viven hacinadas y en precarias condiciones habitacionales y contractuales. Estas familias, al no poseer garantías, caen víctimas de todo tipo de abusos. No sólo de parte de los propietarios y encargados, que deciden los precios de alquiler a su mejor conveniencia y sin ningún tipo de regulación por parte del Estado, sino también de quienes estafan a los inquilinos cobrando alquileres sobre propiedades de las cuales no tienen título alguno. Cuando el alquiler de habitaciones ya no es negocio o se presenta la posibilidad de venta del inmueble, los (supuestos) dueños se valen de diferentes mecanismos para desalojar a las familias. Esta vez el estado sí interviene, dejando en claro de qué lado está: el de los “propietarios”.
Entre estos mecanismos están la suba desmedida de los alquileres (desalojo encubierto), las amenazas, los aprietes y desalojos ilegales (muchas veces con complicidad y participación de la policía y los oficiales de justicia). Finalmente y como último recurso, queda la vía legal: esperar los tiempos de la justicia y una sentencia de desalojo que tarde o temprano llegará para consagrar un único derecho, el de propiedad privada. Cuando la propiedad privada es sagrada la vivienda no es un derecho. El endurecimiento de las penas, los desalojos compulsivos y la persecución a quienes ocupan terrenos e inmuebles son parte de la respuesta del Estado a la problemática habitacional.
Los desalojos se realizan sin ninguna consideración ni solución para las familias desalojadas. En la mayoría de los casos éstas no logran volver a reubicarse en la Ciudad, y en caso de hacerlo, esto suele ser sólo transitorio. Los planes de vivienda existen sólo en forma de promesas electorales y la única “respuesta” que el gobierno ofrece a las familias que quedan en la calle es un subsidio de apenas 700 pesos (restringido a diez cuotas mensuales, en el mejor de los casos) a todas luces insuficiente, pero además sujeto a todo tipo de trabas.
El Indoamericano
Circularon al menos una decena de versiones acerca de cómo comenzó la toma del Parque Indo americano. Tal vez más de una de ellas sean ciertas, aunque es probable que sean hechos que se fueron sucediendo en el tiempo, aportando a la multicausalidad que explica siempre la realidad.
Es más que probable la intervención de internas entre punteros villeros, ligados a lo más rancio de de la vieja burocracia villera, al Duhaldismo, al Kirchnerismo y al propio Macrismo. Elecciones en la Villa 3, listas que se saben perdedoras y juegan a embarrar la cancha, broncas con las madres, son todos condimentos que están presentes en los primeros hechos. Lo concreto es que más allá de la precisión en la reconstrucción “histórica” esto actuó como disparador, abrieron la caja de Pandora y adentro había miles de sin techo que se lanzaron a ocupar un pedazo de tierra, el mayor anhelo de sus vidas, tener un lugarcito donde vivir lo más dignamente posible en este mundo.
Y la respuesta del estado a la emergencia habitacional vino a sumar más muerte y represión. Allí caen los 2 primeros muertos, luego y desde la madrugada del día siguiente las familias vuelven a ocupar el parque. ¿Que clase de oportunistas al decir de algunos medios, tienen semejante terquedad y están dispuestos a pagar con la vida la osadía de tomar un pedazo de tierra?
El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se unieron para dejar en claro que la respuesta que tienen para dar al problema de la vivienda es la negación de las necesidades y la represión a todo tipo de reclamo. Represión que no sólo hizo su aparición en un momento puntual sino que marcó la cancha hacia adelante. Para cada problema, la salida es la represión y nunca la solución de fondo. Inmediatamente después del Indoamericano, vinieron la invasión de 6000 gendarmes al Conurbano, los discursos oficiales contra las protestas callejeras y la tentativa de bajar la edad de imputabilidad.
Lejos de todas las acusaciones que se encargaban de difundir los medios y el estado, la toma de ese parque abandonado respondía a un reclamo legítimo por vivienda y como tal se trató de una medida de protesta genuina. Se construyó un trasfondo de historias de narcos, punteros y “activistas infiltrados” que por momentos logró ocultar el real trasfondo de años de políticas antipopulares en la temática de vivienda, sumado al creciente estímulo desde el estado de las actividades de especulación inmobiliaria y de la construcción de megaproyectos para el turismo o sectores de alto poder adquisitivo.
A más de cinco meses del conflicto, no hay novedad acerca de los planes de vivienda prometidos por las gestiones porteña y nacional. Tampoco hay imputados en la causa por las tres muertes ocurridas entre el 7 y el 10 de diciembre. La única novedad fue el pedido de detención de los presuntos organizadores, firmados por los fiscales el 23 de febrero último. Dicen los acusadores que la ocupación se produjo el 6 de diciembre, aunque la jueza, en su escrito, sostiene que el día 4 realizó una inspección ocular para “tener un conocimiento directo de los lugares tomados”. ¿Cómo pudieron organizar los imputados el día seis algo que ya se había concretado? A lo sumo, admiten, acompañaron a los vecinos que se sumaron en forma masiva a una ocupación que ya se había concretado.
El 3 de marzo, la Justicia porteña ordenó cerrar la causa por la ocupación del Parque Indoamericano, allí se pedían las detenciones de seis personas, algunos de ellos dirigentes barriales que participaron en las negociaciones oficiales con el gobierno nacional y de la ciudad para resolver el conflicto de manera pacífica. La jueza María Cristina Nazar, a cargo del caso, rechazó los pedidos de allanamiento y detención realizados por la fiscalía y dispuso que se archivara la causa. Argumentó que la ocupación del parque “no constituye un delito”, sino que obedece a “una cuestión social que no debe criminalizarse sino resolverse por la vía administrativa”. Desde la fiscalía general adelantaron que apelará el fallo.
La resolución fue en respuesta al pedido de los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia, quienes solicitaron las detenciones de: Diosnel Pérez Ojeda, del Frente Popular Darío Santillán, presidente de la junta electoral de la Villa 20; Marcelo Chancalay, presidente de la junta vecinal del mismo barrio; Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante kirchnerista de Villa Soldati; Luciano Nardulli, militante de la Corriente Clasista Combativa; Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones.
Para sostener la acusación, los fiscales se basan en declaraciones de vecinos recogidas por la policía, en videos emitidos por TV en que algunos de los imputados fundamentan y defienden la ocupación como un reclamo por los planes de viviendas prometidos y nunca cumplidos. En el caso de las dos mujeres, fueron acusadas por la dirigente del barrio Los Piletones, Margarita Barrientos.
La jueza Nazar es la misma que el 7 de diciembre último, días después de la toma, había ordenado el primer desalojo del lugar. Hoy el criterio adoptado por la magistrada coincide con el esgrimido por la Defensoría oficial, que ya en diciembre opinó en esta causa, que las ocupaciones de espacios públicos no constituyen el delito de usurpación, como pretende la fiscalía, sino, a lo sumo, un “uso indebido del espacio público”, que es una contravención. Lo hizo a través de la presentación del defensor Marcelino Civitillo. Y lo volvió a manifestar recientemente su par, Javier de la Fuente, ante la orden de desalojo de las personas que acampan en las veredas de las calles Riestra y Portela, en el Bajo Flores, junto a un predio del Club Argentinos Juniors.
Cuenca Matanza Riachuelo: Zona de promesas
El gobierno de la Nación, de la Provincia y la ciudad de Buenos Aires deberían haber presentado un plan en los primeros días de febrero para dar solución a todas las familias que viven en los asentamientos que están a la vera del Riachuelo, con el supuesto fin del saneamiento de su cuenca. Habían comenzado las obras para hacer el camino de sirga del Riachuelo y la continuación del lujoso y contrastante Puerto Madero; pero se encontraron con centenares de familias, o “escollos” como suelen decir los diarios. Familias reiteradamente burladas con subsidios o promesas de vivienda que nunca llegan. La Villa 21-24, la Villa Magaldi, El pueblito, la Villa 26 y los asentamientos de Pedro de Mendoza son zonas afectadas por la orden de desalojo. No causa sorpresa la lógica con la que operan nuestros gobernantes y sus fuerzas policiales: Ya se realizaron desalojos de forma aislada, en un asentamiento ubicado en las inmediaciones del Puente La Noria, en Villa Fiorito, y otros que ni llegan a ser de público conocimiento. La desfachatez con que desarrollan tan despiadada política tiene que ser la fuerza para generar mayor organización.
No hace mucho, el ministro de economía Amado Boudou, anunció un plan que consta de la construcción de 17.771 viviendas en la cuenca Matanza-Riachuelo, frase que repite el actual responsable de la ACUMAR Mussi. Con la misma soltura y caradurez con la que hace cinco años firmaban un convenio por la construcción de 10.746 viviendas que, obviamente, hoy no existen. El juez de la causa, Luis Armella, en los últimos días se expresó al respecto; “que los estados patrullen la zona para que no se vuelvan a asentar personas a la vera del Riachuelo en las tierras recuperadas”, sin embargo -y a pesar de estar vencidos los plazos- ninguna medida tomó contra ellos al no haber reubicado siquiera a una sola familia de las ya desalojadas.
Frente a todo esto, hay quienes nos organizamos permitiendo dar algunas respuestas y contenciones, que implican la defensa de un predio, la constitución de cooperativas de vivienda, la defensa frente a atropellos jurídicos (inquilinos de San Telmo, deudores hipotecarios), este acampe frente al IVC, en definitiva, organización y lucha que fortalece el reclamo del derecho a una vivienda y una vida digna.
Es necesario en este contexto salir a difundir nuestro punto de vista del problema, denunciar la tragedia de la emergencia habitacional en la ciudad, donde cada día son expulsadas cientos de familias trabajadoras, tendiendo simultáneamente un puente hacia esos sectores medios que muchas veces asumen posturas xenófobas y que sin embargo también sufren el problema con alquileres altos y casi inaccesibles aún para ellos.
Debemos superar con debate político esta fractura, hay que poner en discusión qué ciudad queremos y para quien, el debate político por sí sólo no superara el problema, pero en un año electoral es el marco necesario para desplegar un profundo plan de lucha con resistencias a los desalojos, ocupaciones y todas las herramientas que habitualmente desplegamos en la resistencia al modelo expulsivo de ciudad...
Ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo nos serán regalados. Por eso estamos acá decididos a organizarnos y exigiendo vivienda digna para todos y todas.
Planes de Vivienda Popular: Que los Gobiernos de la Nación y Ciudad Construyan, como prometieron al desalojar el Indoamericano en diciembre de 2010
Juicio y Castigo a los Asesinos de los Compañeros del Indoamericano
Desprocesamiento de Todos los Luchadores
Basta de Desalojos, suspensión inmediata de los mismos. Renovación automática de los subsidios para los desalojados
Urbanización de las Villas para todos sus habitantes, con control de los vecinos y sus organizaciones sociales y políticas SIN CLIENTELISMO político.
Alquiler social, que no supere el 20% del Ingreso familiar, con garantía estatal.
Aumento del Presupuesto para Vivienda Popular y ejecución total del mismo con control de vecinos y organizaciones sociales.
Por solución habitacional definitiva: Apertura de los programas de crédito blando como la ley 341 y ejecución real de todas sus etapas: compra terreno, inicio de obra, avances de obra escrituración. Que se otorguen los créditos individuales sin clientelismo político.
Por una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real.
Programa real de vivienda transitoria hasta la vivienda definitiva.
No a la Venta de los terrenos del IVC, ni de tierras e inmuebles del estado. Que se destinen a los programas de vivienda social todos los inmuebles del IVC. Puesta en marcha del Banco de Inmuebles a disposición de las organizaciones sin terreno
Impuesto a la vivienda ociosa.
Movimiento por Vivienda Popular
Convocan: MTL Rebelde; Cooperativas Ley 341, Coop. Dulce Hogar, Coop. Congreso, Coop. Domingo 7, Coop. 10 de Noviembre, Coop. Uritorco, Coop. Casa Social de Flores, Coop. Antares y otras; MP La Dignidad; MTD Aníbal Verón (CTA); Asamblea de Flores (CTA); TPR; Agrup. Villera Piquetera; Movimiento Resistencia Popular; Tupinamis.
Adhieren: Movimiento por un Pueblo Libre, Proyecto7 Gente en situación de Calle, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Artículo 14 VIP en Antena Negra TV, MTR por la Democracia Directa, Guillermo López de Cultura Indígena, Elena Cedrón de Confraternizar Hoy, Partido de los Poetas y Trovadores, Prisma – La Pulpería, Programa “Con la Casa a Cuestas”, Radio Aracabarraca, Bialet Masse, Corriente Universitaria Plan B, Bachillerato Popular La Dignidad (Soldati), Bachillerato Popular Barracas al Sur, Jardín El Globo Rojo, Jardín de Teresa, Jardín de Barracas, Jardín de Bajo Flores, Bachillerato Popular Villa Crespo, Comisión Popular por los Derechos Humanos (COPODH), Cooperativa de Trabajo “Nuevo Horizonte”, Barricada Cultural, Centro Comunitario de Salud del Bajo Flores, Bloque Piquetero Nacional: Unión de Trabajadores en Lucha (UTL), Movimiento Brazo Libertario (MBL), Unión de Trabajadores por la Dignidad de Tigre (UTD de Tigre), Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril MTR 12 de Abril, Movimiento Giros, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); FeTERA Flores (colectivo de base de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en CTA.) Aurora Tumanischwili Penelòn, Guillermo López, Ingrid Storgen, Comunicadora Social; Marta Speroni, Activista por los Derechos Humanos – Argentina; Cristina Castello, Poeta y Periodista Argentina, desde Francia; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Mosconi, FeTERA en CTA, Argentina; Carlos Loza, Junta Interna de ATE, AGP (Asociación General de Puertos en la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA); Eduardo Espinosa, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, en CTA), Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, Argentina; Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical, Argentina; Carina Maloberti, Secretaria de Organización Nacional de ATE, CTA, Argentina; Alejandro Cabrera Britos, delegado ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) en el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Junta Interna Delegados en DILAB (Dirección de Laboratorios) Martinez- Buenos Aires Argentina; Compañeras y compañeros de Convocatoria por la Liberación Nacional y Social: Argentina; Agrupación "Tolo Arce"- ATE-SENASA Capital Federal; Agrupación "Germán Abdala" - ATE-Ministerio de Trabajo de la Nación; Agrupación "8 de Marzo " - ATE- UBA - Fac. de Ingeniería; Agrupación " Agustín Tosco" - Río Segundo – Córdoba; Democracia Popular - Rosario - Santa Fe; Agrupación Martín Fierro (Varela - Alte. Brown - Mar del Plata y Cipoletti); María Rosa González, Comunicadora Social, Argentina; Colectivo desde el Pie, FCEyN-UBA; Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Red de Hábitat; Red Latina Sin Fronteras; Compadres del Horizonte; Alianza Internacional de Habitantes (AIH – Antena Sur); revista Hecho en Buenos Aires; Frente Popular Darío Santillán –Regional Capital; Movimiento Justicia y Libertad (La Plata-Berisso-Ensenada); CTA Regional La Plata-Ensenada; Asociación Civil "Sembrar Conciencia"; Liga Socialista Revolucionaria; Herman Schiller, periodista, conductor de "Leña al fuego"; siguen las firmas…
Movimiento por Vivienda Popular
